La
distancia que va de una supuesta agresión o violencia simbólica, que tuvo
forma de gestión, palabras, gestos, cánticos, discursos o cadenas nacionales, a las
amenazas, algunas ya concretadas de dejar sin trabajo a personas que se
manifestaran o simplemente se supusieran adherentes a los gobiernos del
kirchnerismo, es enorme y no guarda ninguna simetría. Tanta como la
diferencia entre lo simbólico y lo físico.
Salvo
la de demostrar el escaso espíritu democrático que inspira a quienes toman las
decisiones, en este nuevo gobierno del PRO y que se ve aumentado por las
señales que el propio presidente les envía, con demasías, como designar jueces
de la Corte Suprema por decreto o anular leyes y organismos autónomos como la
de Medios y la AFSCA y la AFTIC, por la misma vía.
La
condena para tales acciones, serán mínimas, tanto por el lado de la Justicia, a
la que sienten aliada o cómplice, y para muestra vayan las condenas del caso
ONCE, o el sobreseimiento a Macri del Juez Casanello, o los recientes fallos
sobreseyendo a Pagni, Yofre y compañía en los casos de espionaje y venta de
datos privados por parte de la ex esposa del corrupto fiscal Nisman, la jueza
Arroyo Salgado. Sin olvidar la lista de acordadas, a repetición, que
firmó la Corte Suprema, previo al retiro del nonagenario Dr. Fayt, con
beneficios para el grupo Clarín en el caso de la Ley de Medios, o La Nación
determinando el no cumplimiento de deudas por más de 280.000.000 de pesos,
entre otras.
Este
espíritu de revancha fundado en supuestas faltas o agresiones, como
decíamos, tampoco tendrá condena mediática, muy probablemente el casi unicato
mediático que vamos a vivir durante un tiempo, ni siquiera publique tales
atropellos. Algunos de sus voceros oficiales y oficiosos, más alcahuetes como
siempre, y al calor de la impunidad que sienten, hasta los justificarán. Lo
mismo sucederá, con los brutales retrocesos que se ven venir en los salarios y todas
las políticas sociales destinadas a una mejor distribución del ingreso.
Podemos
preguntarnos entonces: ¿Cuál será el límite?
Y es difícil tener una respuesta
certera, pero sí una certeza, y es que como casi siempre, en estos casos, la
respuesta vendrá de la mano de la política, para lo que será necesario
derrotarlos ampliamente en las legislativas del 2017 (bien que el Congreso
parece no tener demasiada importancia para ellos) y demoledoramente en el 2019,
tratando de conseguir mayorías parlamentarias suficientes como para generar una
reforma constitucional que termine con los privilegios del partido judicial,
incluyendo a la propia Corte Suprema. Democratizarla y de esa manera
evitar sus inconstitucionales inconstitucionalidades y sus fallos de
favor.
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