LOS INQUILINOS ESTUVIMOS AUSENTES EN ESTA CAMPAÑA por Clemente Gómez G.

Lamentablemente y por diversos motivos, los candidatos presidenciales y en particular, aquellos de los que sería esperable propuestas que mejoren nuestra situación, que no son precisamente Macri o Massa, no presentaron planes o ideas que alivien el ya de por sí complicado panorama del más del 40% de ciudadanos que habitamos en las principales urbes de nuestro país: CABA, Córdoba, Rosario y Mendoza, y que somos inquilinos.

Macri, el inyenieri que no construye, generó en forma marketinera una publicidad donde supuestamente el Bando Ciudad de Buenos Aires, ofrecía garantías que eviten el galimatías que constituye el hecho de conseguir garantías propietarias, para los locatarios. Además, ofrecía créditos, a tasas no muy acomodadas para que los martirizados necesitados de un lugar donde vivir, puedan hacer frente a gastos cada vez más abusivos, tales como 2 (dos) meses de comisión por parte de la inmobiliaria sumados al mes de depósito, que luego "devuelven" un par de meses de vencido el contrato, al valor del inicio del mismo. Un auténtico fraude financiero, no del Banco, sino de las administradoras que se convierten en el socio del silencio de la avidez y avaricia de los propietarios.
Como era previsible, el plan publicitado por medios masivos y en prime time, fue y es un auténtico fracaso, tal como en su momento lo documentó el propio diario La Nación, ver acá.

En Rosario, sucedió algo parecido con el intento de ofrecer garantías, a través del Banco Municipal, con un fracaso por demás de rotundo.

En el caso de Sergio Massa, poco es lo esperable de quién ha favorecido un modelo Country, con altísimos índices de exclusión para la población de bajos recursos, derivado del incremento de los valores de terrenos y viviendas en su engañosamente paradisíaco Tigre. Sumado a ser uno de los partidos del Conurbano, con menores avances en tendido de servicios básicos como agua potable y red cloacal, que como todos sabemos no pueden ser prestados por cámaras de seguridad.

Paradojas del PROCREAR

El plan de viviendas impulsado por el gobierno nacional, fondeado con el fondo de garantía de sustentabilidad del ANSES y manejado en su faz operativa por el Banco Hipotecario, constituye sin dudas un gran avance en intentar soluciones a lo que eufemísticamente se denomina déficit habitacional. Ha brindado cerca de 135.000 soluciones para aquellos que han podido acceder o bien a construir su vivienda o realizar refacciones. Y hay más de 65000 en trámite de concreción.
Es sin lugar a dudas el único plan hipotecario de importancia desde el primer gobierno peronista, de mitad del siglo pasado.
Pero ha encontrado algunos límites no deseados pero ineludibles.
En primer lugar es un plan para sectores medios con ingresos demostrables (empleo formal), lo que deja afuera a un 34% de los que aún trabajan "en negro".
En segundo, y como era previsible, generó un aumento desproporcionado del valor de terrenos en los cascos urbanos, típico de los sectores con inversiones inmobiliarias, abarcando a dueños y administradores. Por lo que puede observarse, en el caso de Rosario, por ejemplo, que quienes quieren llegar a la "casita propia" se ven obligados a comprar en localidades cada vez más lejanas de la ciudad donde trabajan, estudian ellos o sus hijos y tienen buena parte de sus lazos sociales.
También son visibles, los aumentos desorbitados de algunos materiales para la constucción, para lo que se han instrumentado algunos mecanismos defensivos para los tomadores de créditos, con mayor o menor éxito.
Y como paradoja final, al aumento constante de los valores de las propiedades, medidos en dólares por metro cuadrado, generados en particular en la ciudad del Monumento a la Bandera, por el efecto Soja y su boom inmobiliario, facilitado por los gobiernos del frenteprogresismo santafesino, eleva también el precio de los alquileres, acarreando más problemas a este castigado sector.

INQUILINOS FOR EVER

De cualquier manera, los planes hipotecarios o de viviendas de bajo costo para sectores populares, difícilmente cubran y por mucho tiempo a los cerca de 3 millones de grupos familiares que alquilan. Ya sea por problemas de instrumentación como de ciertas lógicas financieras.
Pero además, existe un sector de la población con edades superiores a los 50 años por dar un ejemplo, que o bien no son sujetos de crédito o no les resulta atractivo desplazarse a zonas desfavorecidas, ya sea por la distancia o por carencia de servicios.
Y además por que probablemente y con todo derecho, quieran elegir "dónde" vivir.

En la Ciudad de Rosario, según el último censo de 2010, existen unas 80.000 viviendas deshabitadas, para un déficit habitacional de 64.000. Estos números marcan varias cuestiones, tales como que resulta evidente que el "mercado" no funciona como supuestamente se pregona desde los sectores ortodoxos de la economía, en el sentido de que a mayor oferta deberían bajar los "precios" de los alquileres, pero como en tantas otras cosas, tales supuestos no se cumplen.

Otra cuestión y no menor, es que que como planteábamos antes, sectores jóvenes de clase media, se ven "expulsados" a vivir en localidades cercanas, generando un proceso de desertificación social, tanto en barrios como en el centro de la ciudad.
Sería deseable que tanto los concejales como los diputados nacionales vinculados al FPV, tomaran cartas en el asunto, planteando alternativas que sin ninguna duda deberán venir de la mano del Estado, que facilite el proceso de alquilar y además regule los precios, tanto de las locaciones como de los costos "ocultos" derivados de la intermediación inmobiliaria.

Estas soluciones NO vendrán de modificaciones a la ley de alquileres o de otras normativas, como queda demostrado con la real indexación que hoy se regula en los contratos, a pesar de estar prohibida expresamente por la citada ley.

Se necesitan políticas activas para mejorar este panorama para como decíamos antes, un 40% de la población.
Y evitar la paradoja, de que la bandera de los inquilinos la tenga un ex concejal, y candidato fallido del Frente Progresista, sector político responsable con sus irresponsables políticas de facilitamiento de un boom inmobiliario que solo benefica a sectores que no necesitan ninguna "mano" del Estado.