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martes, 5 de enero de 2016

LA REVANCHA


La distancia  que va de una supuesta agresión o violencia simbólica, que tuvo forma de gestión, palabras, gestos, cánticos, discursos o cadenas nacionales, a las amenazas, algunas ya concretadas de dejar sin trabajo a personas que se manifestaran o simplemente se supusieran adherentes a los gobiernos del kirchnerismo, es enorme y no guarda ninguna simetría.  Tanta como la diferencia entre lo simbólico y lo físico.

Salvo la de demostrar el escaso espíritu democrático que inspira a quienes toman las decisiones, en este nuevo gobierno del PRO y que se ve aumentado por las señales que el propio presidente les envía, con demasías, como designar jueces de la Corte Suprema por decreto o anular leyes y organismos autónomos como la de Medios y la AFSCA y la AFTIC, por la misma vía.

La condena para tales acciones, serán mínimas, tanto por el lado de la Justicia, a la que sienten aliada o cómplice, y para muestra vayan las condenas del caso ONCE, o el sobreseimiento a Macri del Juez Casanello, o los recientes fallos sobreseyendo a Pagni, Yofre y compañía en los casos de espionaje y venta de datos privados por parte de la ex esposa del corrupto fiscal Nisman, la jueza Arroyo Salgado. Sin olvidar la lista de acordadas, a repetición,  que firmó la Corte Suprema, previo al retiro del nonagenario Dr. Fayt, con beneficios para el grupo Clarín en el caso de la Ley de Medios, o La Nación determinando el no cumplimiento de deudas por más de 280.000.000 de pesos, entre otras.

Este espíritu de revancha fundado en supuestas faltas o agresiones, como decíamos, tampoco tendrá condena mediática, muy probablemente el casi unicato mediático que vamos a vivir durante un tiempo, ni siquiera publique tales atropellos. Algunos de sus voceros oficiales y oficiosos, más alcahuetes como siempre, y al calor de la impunidad que sienten, hasta los justificarán. Lo mismo sucederá, con los brutales retrocesos que se ven venir en los salarios y todas las políticas sociales destinadas a una mejor distribución del ingreso.

Podemos preguntarnos entonces: ¿Cuál será el límite?
Y es difícil tener una respuesta certera, pero sí una certeza, y es que como casi siempre, en estos casos, la respuesta vendrá de la mano de la política, para lo que será necesario derrotarlos ampliamente en las legislativas del 2017 (bien que el Congreso parece no tener demasiada importancia para ellos) y demoledoramente en el 2019, tratando de conseguir mayorías parlamentarias suficientes como para generar una reforma constitucional que termine con los privilegios del partido judicial, incluyendo a la propia Corte Suprema. Democratizarla y de esa manera evitar  sus inconstitucionales inconstitucionalidades y sus fallos de favor.

La tarea no es menor, pero si no la planteamos, otros plantearan coexistencias pacíficas con estas políticas y el statu quo que resulte de las mismas. Y eso sería rendirse.

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